Saquen sus propias conclusiones.
Enlace: Capítulo I
Capítulo II: El largo y tortuoso proceso que ningún torpedo logró
frenar
Baltasar
Garzón cogió el caso Gürtel en sus manos y fiel a su
estilo, apretó a fondo. Para neutralizar sus efectos tuvieron que ponerse a
trabajar a tope todas y cada una de las células dormidas que el gran brujo
jurídico-judicial del PP, Federico Trillo, había colocado en lugares
estratégicos a lo largo de sus muchos años de dirigir o supervisar las
tropelías de la derecha judicial, un subgénero especialmente reaccionario de la
derecha más rancia de este país. Al mismo nivel, por cierto, que los medios de
comunicación españoles, caverna mediática que para sí la quisieran la extrema
derecha de algunos países europeos. Unos medios de comunicación que no solo
acompañaron, sino que elevaron hasta la repugnancia la desaforada y feroz
estrategia de ataque político al Gobierno socialista por parte del PP y todos
sus dirigentes. Y juntos, unos y otros, no solo lograron arrancarle
el caso Gürtel, sino que acabaron con su carrera como juez. Pero
un caso en manos de Garzón durante todo un mes da mucho de sí. Tanto que
sobrevivió al letargo del Tribunal Superior de Madrid y sus intentos de dejarlo
en nada.
A
todas las maniobras espurias hay que añadir la ya endémica situación de falta
de medios en la justicia, tanto de jueces como de fiscales, especialmente
anticorrupción. El largo y tortuoso caminar del caso Gürtel —cinco
años y aún se están recogiendo documentos— es un buen ejemplo de las
dificultades que atenazan a la justicia. Menos mal, para la salud democrática
del país, que algunos funcionarios públicos, como el juez Ruz, el juez Flors,
el juez Ceres o los fiscales anticorrupción han permanecido firmes en su labor
de investigar los presuntos delitos.
Las órdenes de
detención y registro del 6 de febrero de 2009 que llevaron a Francisco Correa y
Pablo Crespo se precipitaron. La policía informa en los últimos días de enero
al juez Garzón que Correa, el presunto cabecilla de la red, al que se estaba
investigando durante meses, tiene billetes para viajar a Panamá el día 8, donde
ya tenía una cierta estructura, al día siguiente de asistir en Barcelona a una
celebración familiar. Garzón consulta con la fiscalía, habla con los policías…
y se decide a actuar. Correa es detenido en su chalé de la hermosa urbanización de
Sotogrande, en Cádiz. Los presuntos delitos, blanqueo de capitales, fraude
fiscal, cohecho y tráfico de influencias. De ahí hasta el 5 de marzo en que
Garzón se inhibe del caso se desata la galerna. Cuatro días después, el 10 de
febrero, ya son 37 los imputados en el caso. Además de los socios de Correa, se
multiplican los altos cargos del Partido Popular inmersos en la trama. Llueven
las dimisiones. Entre ellos, un consejero del gobierno madrileño, Alberto López
Viejo, además de los alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero, de
Arganda, Ginés López, y Pozuelo, Jesús Sepúlveda, marido de Ana Mato. También
cae el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, que Esperanza Aguirre había
premiado con la gerencia del Mercado Puerta de Toledo de Madrid tras tener
noticias de varias irregularidades en su municipio. Hay más cargos de la
Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos implicados: Benjamín Martín Vasco y
Alberto Bosch, diputados regionales, además de unos cuantos responsables de las
áreas urbanísticas de los Ayuntamientos implicados. Presuntamente, dinero,
regalos, joyas, coches de alta gama o viajes a distintos países le habrían
servido a Correa para comprar su voluntad y lograr concursos amañados. Hablamos
de cientos de millones de euros. También aparecen diputados como Jesús Merino,
cercano colaborador de Soraya Sáenz de Santamaría, eurodiputados como Guillermo
Galeote y, sobre todo, el tesorero nacional del partido, el todopoderoso
Luis Bárcenas.
Pero
hay algo más que extiende el caso Gürtel y le quita su carácter de
ser un problema enquistado únicamente en Madrid. En Valencia la nómina de
implicados es de mucha altura. Allí el principal implicado es el propio
presidente de la Comunidad, Francisco Camps, junto al secretario general de los
populares valencianos, Ricardo Costa. La lista de la Comunidad se ampliará
después con otros altos cargos: desde el vicepresidente Víctor Campos, hasta
una consejera de Turismo, Milagrosa Martínez y su sustituta, Angélica Such,
además del ex jefe del gabinete de la consejería, Rafael Betoret. Y no serían
los únicos. Las acusaciones, de nuevo, haber recibido prebendas variadas —los
conocidos trajes—, relojes de lujo, bolsos de Louis Vuitton y un largo etcétera
de atenciones. Allí, en Valencia, el encargado de la empresa —Orange Market, en
adaptación muy propia de sus responsables— era Álvaro Pérez, El Bigotes.
Garzón, con la ayuda
de la UDEF (la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía)
y la implicación de la Fiscalía Anticorrupción, había cosido y dado cuerpo a
tres aportaciones clave al caso. La más importante, definitiva en el arranque,
un CD con 18 horas de una grabación explosiva que había llevado un exconcejal
de Majadahonda del propio PP, José Luis Peñas, y su abogado, Ángel Galindo, a la
Fiscalía Anticorrupción, en marzo de 2008. Un año, pues, llevaba trabajando la
fiscalía cuando Garzón unió esta denuncia a un fleco de otro caso investigado
en el mismo Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el del BBVA-Privanza,
donde se había investigado a un bufete especializado en ocultar
dinero en paraísos fiscales, el del abogado Luis de Miguel. Allí
aparecieron unas cuentas a nombre de un entonces desconocido Francisco Correa.
Curiosamente, De Miguel era consejero o administrador único de varias de las
empresas luego implicadas en Gürtel: Orange Market, Easy Concept, Inversiones
Kintamani y Caroki. Pero no solo en ellas, porque también aparece su nombre en
Real Estate Equity Portfolio, como TCM o Special Events.
La tercera la aporta
—a su pesar— uno de los mismos detenidos. Los policías que fueron a detener al
contable de varias de las empresas de la ya conocida como trama Gürtel, José
Luis Izquierdo, y tras acompañarle a su casa para continuar el registro, vieron
cómo mantenía la mano apretada durante todo el tiempo —prolongado— que duró el
registro de la sede de Serrano, 40. Escondía, ya se ve que con escasa
perspicacia, un pen drive que los policías incautaron. “El
puto pen drive,macho”, que diría después Correa. “Es que sin ese pen drive
no tendrían nada, me pongo malo”, añadiría el principal implicado.
Por fin, con toda esta
instrucción ya desarrollada y 31 imputados, Garzón decide inhibirse el 5 de
marzo —¡solo un mes después y todo lo que había ocurrido!— en favor de los
Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, ante la aparición de
aforados y otros altos cargos que no pueden ser juzgados por la Audiencia
Nacional, como el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, por
ejemplo. Pero Garzón hace aún una última aportación. Envía una detallada
relación de todos los indicios —17 o 18— que implicaban a Luis Bárcenas.
Incluso envió copia del auto que debería cursarse al Supremo por su condición
de aforado al ser senador por Cantabria. Ahí empieza otra historia. Atormentada.
En el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, el caso cayó en manos de Antonio Pedreira, un
juez con fama de honesto pero que atravesaba un grave y duro empeoramiento de
una enfermedad progresiva. Daba igual. Las presiones se multiplicaron. La
enfermedad, poco a poco, le iba quebrando. Nadie le presta apoyo y el poco que
le llega mejor se hubiera quedado en casa. De la Comunidad de Madrid aparecen
dos ayudantes que echan una mano a redactar los autos a Pedreira. ¿Ayudantes
elegidos por la Comunidad de Madrid tuvieron acceso a todos los papeles? Pues
eso parece.
El 16 de junio de
2009, Pedreira remite el caso al Tribunal Supremo en base a los datos que ya le
había aportado Garzón sobre Bárcenas, con el añadido de Merino y Galeote. El
encargado del caso es el juez Francisco Monterde, que no solo asume lo referido
a Luis Bárcenas y Merino, sino que, en contra de algunos pronósticos, pone en
marcha todo el procedimiento legal que obliga al extesorero y al exdiputado
Merino a pedir su dimisión. Monterde se queda con el caso de ambos pero
devuelve lo demás, todo el Gürtel, a Pedreira apenas una semana después, el 24
de junio. Y al cabo de muchos meses de pequeños, lentos y dubitativos pasos por
parte del juez instructor y la fiscalía, en contraste con la velocidad de
Garzón, ocurren dos cosas. El 8 de junio de 2011, Pedreira decide inhibirse y
pasar el caso a la Audiencia Nacional. Pero sorprendentemente, el 1 de
setiembre el propio Pedreira acuerda “el sobreseimiento provisional de las
actuaciones respecto a D. Luis Bárcenas Gutiérrez”. Un cambio de criterio que
aún hoy es un misterio. Pero la propia justicia deshizo el entuerto y la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional acuerda el 15 de marzo de 2012 la nulidad
de dicho auto y, por tanto “la continuidad del procedimiento contra el imputado
D. Luis Bárcenas Gutiérrez”. Y es entonces cuando el caso llega a Pablo Ruz, un
joven juez que había sustituido a Garzón, ya apartado a manotazos de la
Audiencia. Y el proceso renace de sus cenizas.
En Valencia el camino
no fue menos tortuoso. El 16 de marzo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana recibe las cinco cajas con toda la documentación que
le ha hecho llegar Garzón tras su inhibición. Se encarga de la instrucción el
juez José Flors. Comienzan los interrogatorios, se conocen los regalos
fastuosos, las firmísimas declaraciones del sastre, y el juez fija el día
15 de julio la audiencia preliminar con jurado para sentar a Camps en el
banquillo. El presidente recurre y el 3 de agosto —¡oh sorpresa!— el TSJ
acuerda, con el voto de dos de los tres magistrados, admitir el recurso de los
acusados Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret
y ordena el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto
delito de cohecho pasivo. Sorpresa… relativa. El presidente del Tribunal era
José Luis de la Rúa. Pocos meses antes, el propio Camps dijo lo siguiente de su
juzgador en un acto público: “Tendremos que buscar en el diccionario otra
palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida
colaboración entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”. Y de la Rúa
devolvió el cumplido: “Me siento feliz de esa relación”. Pues ni uno ni otro
consideró que la renuncia al tribunal era obligada en el caso que se juzgaba.
Anchas tragaderas, como se ve. Menos mal que la insistencia de la Fiscalía
Anticorrupción y del diputado socialista Ángel Luna con sus recursos, además de
todos los datos que aparecían en Madrid sobre las relaciones de El Bigotes y
Camps y el resto de acusados, obligó al TSJ a reabrir el caso.
Al final, pues, todas
las zancadillas del PP fracasaron y 70 cargos del partido —uno más, uno menos—
caminan con todas las vergüenzas al aire hacia el desagradable banquillo de los
acusados.
© Jose María Izquierdo, para El País
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