La presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández, ha hecho lo que en el mundo empresarial se temía por parte de Venezuela y Bolivia. Ha expropiado Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), haciéndose con el 51% del capital. Doce años después de su privatización, la empresa petrolera del cono sur, ha vuelto a manos públicas argentinas.
¿Tiene motivos el estado argentino para efectuar tal acción? Depende quien opine y depende con el cristal con que se mire. Lo que si es cierto, es que se ha levantado una polvareda enorme y las relaciones bilaterales entre los dos países se han deteriorado de forma alarmante.
Postura del gobierno de Cristina Fernández
Amparada en su hijo Máximo y en el economista y mano derecha Axel Kicillof, la mandataria austral, rompió la baraja al tomar por el camino de en medio, sin ni siquiera reunirse con Brufau, presidente de la empresa.
Cristina Fernández - Presidenta de Argentina |
La política de vaciamiento, la independencia energética y una razón extraña como es el viejo anhelo de Néstor (su marido fallecido y presidente), son las causas esgrimidas por Fernández para la toma de decisión. Quizás existan otros motivos ocultos, ya expresados por algún analista, los cuales son la toma de poder de sus delfines y las ansias de enriquecimiento de los mismos. Lo que si es cierto es que es una decisión populista que puede dejar muy tocadas, tanto a la presidenta, como a la nación albiceleste.
Hay un dicho que dice: “Lo que Argentina produce de noche, los políticos se lo comen de día”. Es paradójico, que uno de los países más ricos del mundo en reservas naturales tome este tipo de medidas, ya que parece imposible que tenga recursos financieros para poder llevar a cabo la tarea de aprovechar al máximo los yacimientos, como el de Vaca Muerta –última joya descubierta-, para el que –según cálculos efectuados-, se necesitan alrededor de 25.000 millones de dólares para su explotación.
¿Y el Gobierno de España?
José Manuel Soria - Ministro de Industria de España |
La decisión de Fernández, ha cogido con el paso cambiado al gobierno español, el cual ha sido sorprendido, ya que pensaba que las gestiones diplomáticas del ministro Soria eran suficientes para detener la acometida. El Ejecutivo de Rajoy se compromete a defender los intereses de la empresa española y activará los recursos establecidos en los tratados internacionales con Argentina, pero tiene que medir su respuesta para no perjudicar a las demás compañías españolas establecidas en ese país. Tendrá que quedarse –por el momento-, en declaraciones y quejas, ya que hasta que no se apruebe el texto legal, no podrá intervenir de otra manera. Otra cosa, son las medidas a tomar derivadas de las acciones de expulsión de los directivos españoles de la firma, los cuales fueron desalojados de sus puestos cual delincuentes y de forma muy acelerada.
Lo cierto –según fuentes españolas-, es que la decisión de Cristina, quiebra el acuerdo verbal tomada entre los dos gobiernos el pasado 28 de febrero, en el que ambos ejecutivos se comprometían a resolver mediante el dialogo y la negociación, los desacuerdos y las discrepancias.
¿Y ahora qué?
Envuelto en graves conflictos internos –reforma laboral, recortes y recortes, lucha de clases-, el gabinete de Rajoy parece que quiere dar la cara por una empresa que no es cien por cien española, ya que según cálculos, el capital nacional no supera el 19% y la cual cotiza en mercados ajenos al español, como es el de Nueva York.
La UE está dando una suave respuesta, y puede que los intereses propios de ciertos países primen más que la ayuda a España. Véase el caso del acuerdo preferencial con Marruecos en productos agrícolas, por poner un ejemplo.
Tampoco el resto de los partidos políticos hacen piña con Rajoy. IU aplaude la expropiación situándose en las antípodas gubernamentales y el resto de las fuerzas no se han decantado aún de forma clara.
El presidente español se encuentra en México –importante productor de petróleo- recabando apoyos, ya que empresas del país azteca tienen sustanciales participaciones en YPF.
Cierto es que la expropiación rompe con una norma internacional de seguridad jurídica en cuanto a la defensa de las inversiones exteriores en un territorio, pero, ¿no es menos cierto que la ruptura de los acuerdos por pensiones –por decir algo- también rompe la seguridad jurídica? Grecia es un ejemplo.
Hay que hacer una reflexión: Repsol es la segunda compañía española con más filiales en paraísos fiscales. ¿No sería el momento de cambiar la situación aprovechando el apoyo que nuestro ejecutivo le está dando?
Nubarrones se ciñen, y solo queda esperar si el peso de España es fuerte en la comunidad internacional, si el precio a cobrar por parte de Repsol es justo, y sobre todo hay que esperar las reacciones por parte de la UE y de los Estados Unidos de Obama.
Desempleo, prima de riesgo, desencanto, desilusión, falta de futuro, Repsol, etc. Hay épocas en la vida en las cuales se tienen ganas de no estar enterado de nada.
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